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La crisis hídrica producida por los efectos del cambio climático y el fuerte incremento en las últimas décadas de la demanda de agua como consecuencia del crecimiento económico, es aceptada y reconocida por todos los sectores del país, cada día se han ido sumando las empresas, sectores productivos y gremios empresariales, sectores que eran más reticentes a hablar de la sequía y veían el conflicto del agua como una amenaza a su actividad. Sin embargo, cuando hablamos de las soluciones que se pueden adoptar para resolver la escasez hídrica aún se mantienen las diferencias y la desconfianza entre las partes involucradas.
En la actualidad, a pesar de todos estos hechos y señales, tenemos avances locales concretos, aislados y dispersos en distintas cuencas y sin una coordinación entre ellas. Estas iniciativas de las comunidades, municipios, organizaciones de cuencas o sociales, acompañadas por ONGs, instituciones públicas o privadas, fundaciones y otras, hacen un gran esfuerzo con escasos recursos, por concretar soluciones individuales que les permita resolver sus carencias hídricas y proteger los ecosistemas acuáticos.
Sin embargo, y a pesar de que llevamos una década con la peor sequía de la que se tiene registro, no hemos logrado reaccionar adecuadamente como país. Por una parte, ha faltado un liderazgo para buscar acuerdos de cómo enfrentar esta crisis y lograr una visión de futuro compartida, pero sobre todo, no se cuenta con una institucionalidad y gobernanza robusta y empoderada del agua, que permita una adaptación a los nuevos escenarios hídricos para liderar y diseñar políticas públicas, realizar una planificación con metas y objetivos claros y que permitan construir e implementar un proceso sostenido de cambios, en busca de soluciones participativas, integradas y diversas desde las de grandes volúmenes a las soluciones basadas en la naturaleza, que permitan lograr la seguridad hídrica del país.
Según los estudios realizados por Escenarios Hídricos 2030, contenidos en la publicación Transición Hídrica: el futuro del agua en Chile, el 44% de las causas de los problemas hídricos se relacionan con una deficiente gestión del recurso. Esa sola cifra permite entender la urgencia de contar con una institucionalidad adecuada para hacer frente a este problema, tanto desde los territorios como a nivel nacional.
«Las crisis nos dan la oportunidad de mostrar lo mejor de una comunidad, pero también podemos mostrar lo peor, como el inmovilismo frente al daño de los ecosistemas acuáticos por la sobreexplotación, o la desconfianza, o la exclusión de distintos actores para buscar soluciones».
Las crisis nos dan la oportunidad de mostrar lo mejor de una comunidad, pero también podemos mostrar lo peor, como el inmovilismo frente al daño de los ecosistemas acuáticos por la sobreexplotación, o la desconfianza, o la exclusión de distintos actores para buscar soluciones. El riesgo de agravar la crisis si no llegamos oportunamente a un acuerdo compartido y participativo sobre el futuro del agua corresponde, en gran parte, a la falta de institucionalidad y gobernanza, que es “el” instrumento técnico-político que permite crear las condiciones adecuadas para la obtención de acuerdos y concretar las soluciones de corto, mediano y largo plazo.
Esta institucionalidad debe responder a la existencia de una geografía que tiene una gran diversidad de territorios, comunidades y culturas en las 101 cuencas del país, e incorporar a estas organizaciones territoriales, al menos, en el diseño de políticas públicas, en la planificación hídrica, levantamiento de información y conservación de las fuentes de agua. Es urgente dialogar, consensuar y concretar las soluciones para enfrentar la contingencia de la crisis y adaptarnos a una disminución estructural del agua o a una sequía permanente.