Medio: Revista El Ágora

Chile camina hacia una nueva Constitución Verde

  • Esta entrevista a Ulrike Broschek, en el marco de un reportaje sobre el futuro del agua en Chile, fue publicada en la revista Ágora el 31 de marzo de 2021

A pocas semanas de que el país inicie la ruta hacia una nueva Carta Magna, diversos sectores del mundo científico y académico han invitado a la comunidad a votar informados. Para ello han difundido diversos mecanismos y formas para que los futuros constituyentes expongan sus propuestas para una constitución verde, y también para que la ciudadanía exija mínimos ante las materias que este documento deberá plasmar.


En el segundo semestre del 2020, un suceso ocurrido en Chile generó preocupación mundial: la venta, en 20 millones de dólares, de la Isla Guafo, en el sur del país. Un aviso que no solo alarmó a científicos y académicos, sino también a políticos de las zonas donde se encuentran estas islas y, por supuesto, a las comunidades indígenas, que ven nuevamente amenazado un territorio que para ellos tiene un alto valor cultural.

Pero este suceso, generó también un potente movimiento que se dio desde varios frentes y que busca, ad portas del trabajo que se dará con miras a la nueva Constitución, incluir normativas que protejan recursos naturales; definir una nueva relación entre la sociedad, el sector económico-empresarial y estos recursos; reconocer la importancia que las comunidades indígenas asignan a su patrimonio cultural e inmaterial, ligado a su cosmovisión ancestral del mundo y la vida y, sobre todo, a asignarle un rol protector del Estado frente a los últimos legados de naturaleza prístina existentes en Chile.

Este movimiento, liderado principalmente por científicos y académicos, pero también por algunas ONGs, lleva meses trabajando en diversas propuestas e iniciativas que le permitan a los votantes, por un lado, acceder a información verídica y actual sobre el real estado de los recursos en el país y votar informados, y por otro lado, que los 155 candidatos/as a la Constituyente, órgano que trabajará en esta nueva carta magna, entreguen sus posturas relacionadas con temas medioambientales, de forma transparente y responsable.

Una Constitución Verde o Ecológica

En noviembre de 2020 una serie de personalidades del mundo político y académico, entre los cuales se encuentra la abogada medioambientalista Valentina Durán Medina, directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile y del Centro de Estudios Espacio Público, presentaron el Decálogo para el Constituyente Verde, una propuesta de 10 principios básicos a los que se debe adscribir un constituyente que abogue por una carta fundamental ecológica.

Al respecto, la abogaba nos comenta que “la crisis ambiental y climática afecta a las personas, en sus medios de subsistencia, en su acceso al agua, en el aire que respiran, y en su relación con la naturaleza y los ecosistemas que nos sostienen. Los problemas ambientales impactan de manera aún mayor a las personas más pobres y vulnerables, en sus derechos humanos, incluyendo un impacto mayor en las mujeres, también en nuestro país. A ello se agrega el mayor conocimiento y educación, que ha hecho que las personas se den cuenta de que la sostenibilidad y la protección ambiental si bien son responsabilidad de todos, también son una cuestión política. Entonces, no da lo mismo por quién votar, no da lo mismo lo que dispongan la Constitución o las leyes. Las personas quieren participar de las decisiones importantes para su vida y las generaciones futuras”.

Este Decálogo para el Constituyente Verde incluye principios como:

  • Derecho de acceso al agua para consumo humano y para sustentar ecosistemas.
  • El deber de Estado para proteger la biodiversidad.
  • Luchar contra el cambio climático.
  • Derecho a la justicia ambiental.
  • Derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

La directora del Centro de Derecho Ambiental también enfatiza sobre un aspecto que, en medio de esta pandemia, no podemos obviar. “La pandemia nos ha mostrado no solo cuán relacionados estamos con la naturaleza, sino que nos ha puesto el desafío de cómo recuperamos la economía y la actividad que nos permita satisfacer nuestras necesidades. Por otra parte, ya la economía y la ciencia han establecido y demostrado, con respaldo sólido, que el costo de la inacción es mucho más alto que el de la acción. En ese marco y sabiendo todo lo que sabemos de la crisis climática, se impone una reactivación sostenible con medidas que permitan una triple ganancia: económica, social y ambiental”.

“Debemos aprovechar este momento constituyente para aumentar la transparencia sobre las decisiones que tomamos y que impactan a la naturaleza y al medio ambiente, de manera que todos entendamos cuáles son los costos, riesgos y beneficios de las decisiones que tomamos, para nosotros, para la naturaleza, y para las generaciones futuras”.

Entendiendo esto y, además, “escuchando a la ciencia y a las comunidades, podemos enfrentar el proceso constituyente desde ciertos consensos mínimos, teniendo como guía la Agenda 2030 de la ONU y nuestros compromisos nacionales, como son establecer en el texto constitucional, desde su primer capítulo introductorio, una nueva relación de la sociedad con los fundamentos naturales de la vida; dar un reconocimiento de la importancia de la equidad intergeneracional y de la justicia ambiental; reconocer derechos y garantías constitucionales y deberes para las personas físicas y jurídicas, para el sector público y el privado, y ciertos principios como de no regresión, precautorio, sostenibilidad”.

Agua, eje central de la nueva Constitución

En unas semanas Chile decidirá no solo quiénes redactarán la nueva Constitución, sino también las autoridades regionales y comunales, como gobernadores, alcaldes y concejales, de los cuales también debemos esperar conocer sus respectivos programas de trabajo.

Es lo que enfatiza la subgerenta de sustentabilidad de Fundación Chile y líder de Escenarios Hídricos 2030, Ulrike Broschek, al decir que “debemos aprovechar la oportunidad de realizar un voto informado. Debemos preguntar directamente a los candidatos qué es lo que proponen en relación al agua. Todas las elecciones de este año son importantes en este sentido, sin duda la convención constituyente es muy relevante, pero también la elección de las autoridades que tomarán decisiones en el corto plazo, porque necesitamos acciones concretas, serias y profundas de forma urgente. Lo que se emprenda en los próximos 5 años en relación al agua va a ser clave. Este tema debe estar sobre la mesa de forma prioritaria. Es de los problemas más prioritarios que tenemos, porque sin agua no hay vida”.

Laguna Torca completamente seca (Maule, Chile). | Foto: Claudia Bosch

Broschek afirma que “se requiere un cambio bastante radical en relación al modo como hoy día estamos manejando el recurso hídrico. Hasta ahora, el tema del agua en Chile no ha sido prioridad a nivel país y solo se debate cada vez que tenemos desastres, cada vez que hemos sufrido fenómenos extremos por el cambio climático, pero nos quedamos en los diagnósticos y propuestas, sin concretar. Eso nos tiene en un inmovilismo enorme que hemos ido arrastrando hace años y, por lo tanto, las acciones que tenemos que emprender con sentido de urgencia son múltiples y paralelas. Ya no tenemos tiempo para ir haciendo cosas de a poco, sino que son distintas líneas de acción que tenemos que desarrollar en paralelo”.

Y en este sentido, desde Fundación Chile indican que es posible adoptar medidas a corto plazo. Por un lado, para mejorar la eficiencia y uso estratégico del agua por parte de los sectores productivos. Y por otro, empezar a aplicar soluciones basadas en la naturaleza. “En este sentido, consideramos crítico incluir la priorización de uso de aguas para la vida donde se considera el derecho humano al agua y el agua para los ecosistemas. Son acciones que se pueden implementar en un par de años, son específicas, puntuales, y en general, hemos visto que son de bajo costo”, explica Broschek.

Luego, en relación a las soluciones basadas en la naturaleza, se destacan acciones como la conservación de humedales, infiltración natural de aguas en acuíferos, implementación de pavimentos permeables en zonas urbanas, y reforestación con bosque nativo, entre otras medidas que permiten potenciar el ciclo del agua mediante la misma naturaleza.

Otro tema relevante de abordar en el corto o mediano plazo, es la descentralización de la gestión sobre las intervenciones en el recurso hídrico. Un aspecto que desde Fundación Chile han analizado observando modelos comparados a nivel internacional, lo que permite dar cuenta de que “tenemos un centralismo único en la toma de decisiones y, en el caso de la gestión sobre los recursos hídricos, se debe respetar a las cuencas hidrográficas como la unidad base”, sigue profundizando la subgerenta de sustentabilidad.

Ulrike Broschek, subgerenta de sustentabilidad de Fundación Chile.

Además, señala que “una serie de estudios han recomendado para Chile la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) desde las cuencas, es decir, implementar una gobernanza a ese nivel territorial, coordinando de forma representativa y equilibrada a los distintos actores para que se sienten en una misma mesa a estudiar los problemas, analizarlos y proponer soluciones. Muchas veces eso puede ser el gatillante de múltiples soluciones, que pasan solamente por ponerse de acuerdo. Esta medida estaba contemplada tanto en la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos generada en el primer gobierno de Sebastián Piñera (2012), como en la Política Nacional para los Recursos Hídricos de la segunda administración de Michelle Bachelet (2015). Sin embargo, hasta la fecha no se ha implementado”.

Por último, Ulrike explica que “en Chile el Estado delegó toda la regulación a un mercado de agua, a través de la entrega de los derechos de aprovechamiento, y ese mercado no ha sido capaz de prevenir la actual crisis hídrica y generar las soluciones por sí mismo. Cuando observamos otros países, que han sido exitosos en la gestión del agua, tanto con modelos más públicos como con modelos más privados, siempre el Estado tiene una función de regulación crítica y de mandato que nunca pierde. Necesitamos que el Estado recupere ese rol para que pueda regular, restaurar y regenerar los ecosistemas hídricos. Para recuperar el ciclo natural del agua y su funcionalidad”.

“Debemos tener en consideración que, si bien garantizar el derecho humano al agua es algo indiscutible, también es indispensable garantizar el agua para los ecosistemas, pues son la base para toda la actividad, para todos los servicios ecosistémicos, en definitiva, para la vida. Actualmente, el 76% de la superficie de suelo en Chile está afectada por desertificación, erosión y degradación, y si no recuperamos y conservamos los ecosistemas, no es posible tener un desarrollo sustentable y estaremos hipotecando el destino de las futuras generaciones”, sentencia la líder de Escenarios Hídricos 2030 de Fundación Chile, Ulrike Broschek.

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